sábado, 29 de abril de 2017

Explotación de niños en las calles de hermosillo sonora…


Hermosillo, Sonora a 28 de abril de 2017
Explotación de niños en las calles de hermosillo sonora…
911, no lo considero urgente..
con imágenes se los comparto..
Relatoria:
de 16:00 A 18:00hrs pm.
Un niño de 7 años, vestido de camiseta roja, pantalón de mezclilla y tenis, solicitaba apoyo económico para comer él y su Mama, a todos los transeúntes, clientes en un café de Hermosillo, Sonora, al preguntarle su nombre dijo llamarse Adán sin apellidos, y que su mama le acompaña…

lo observamos por más de dos horas hacer su trabajo de recolección de fondos por donación y humanismo de la gente, en el inter también se le donaron dos vasos de nieve que compartió con su presunta Madre.

No es delito cuando se tiene necesidad y se encuentran en situación de abandono ambos, al contrario representa el valor y el coraje para salir adelante.

pero lo que observamos se puede considerar explotación de menores y si no que las autoridades responsables del DIF, Fiscalías y atención Ciudadana lo valores.

Mientras el niño, pedía ayuda para comer la presunta Mamá nunca se levantó de los escalones donde se encontraba sentada y medio oculta de la gente, chateando con un celular blanco al parecer IPhone 5s…
solo se distraía cuando el menor le entregaba el dinero recabado y la nieve.  para continuar con su charla digital…

Por experiencia contra el maltrato infantil y las regla de valores esta situación es de importancia por la forma de hacerse y debería ser atendido como lo comente anteriormente.

Por una Mejor Sociedad!!!

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Respetuosamente.
CALF

miércoles, 19 de abril de 2017

Definición de Trata de Personas

La trata de personas, conocida hoy en día como la“esclavitud del siglo XXI”, es un delito que atenta contra los derechos humanos pues vulnera la esencia misma de la persona: vida, libertad, integridad y dignidad.

La trata de personas es el alquiler o la compra y venta de seres humanos. Es un crimen que anualmente afecta a millones de personas en el mundo y es visto como un proceso que comienza con el reclutamiento de la persona y termina con la explotación de la misma por bandas de crimen organizado.

Niños, niñas, mujeres u hombres; cualquiera puede ser una víctima de trata, en tanto se den estas 3 condiciones:

CAPTACIÓN Y TRASLADO.- que la persona sea captada y trasladada de su entorno (ciudad,
departamento, país) a otro diferente.

ENGAÑO y/o PRIVACIÓN DE LIBERTAD.- la persona es engañada o no es libre de hacer lo que quiere y está limitada en su libertad de movimiento, siendo sometida a medidas de presión y violencia.

EXPLOTACIÓN.- las personas son obligadas a realizar actividades usualmente con fines de explotación sexual y/o laboral, con frecuencia en locales clandestinos o ambientes informales.
Agencia de empleo: son utilizadas como fachada para captar víctimas ofreciéndoles trabajo en otra ciudad o en el extranjero. Aseguran hacerse cargo de proporcionar empleo, a cambio de un pago futuro (por gestiones, traslado y/o albergue). Una vez captada y trasladada, la víctima es forzada a realizar trabajos distintos a los prometidos. Con cargo a la “deuda” contraída.

En otros casos, la víctima es trasladada previo pago y es “enganchada” en el camino con otros
“compromisos – gastos adicionales” para ser finalmente explotada.

Padrinazgo: el menor de edad es entregado por la familia a algún conocido o pariente lejano con el que tiene algún tipo de relación (“padrino” o “madrina”) para que reciba educación y mejor calidad de vida.

En muchos casos esta promesa es falsa, y el niño (a) se convierte en víctima de explotación laboral. En tantos otros casos esta situación también termina con el niño (a) siendo explotado sexualmente, aprovechando su situación de vulnerabilidad.

Seducción: personas dedicadas a “enamorar” a la víctima, y proponerles una mejor vida en otra ciudad o en el extranjero. La persona, una vez que acepta, es engañada y llevada para ejercer la prostitución.

Usualmente se les impide la comunicación con familiares y amistades, y sus documentos son retenidos.

Internet: incontables páginas web bajo la fachada de agencias matrimoniales, de empleo y de adopción buscan captar futuras víctimas. Los medios de interacción virtual tan populares como las salas de “chat” o los blogs son lugares donde los delincuentes acechan y contactan a las posibles víctimas mediante todo tipo de engaños orientados a ganarse su confianza.

De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) se estima que anualmente se trafican entre 1 y 2 millones de personas en el mundo. Este delito genera ganancias por 32 mil millones de dólares, y se ubica entre las tres fuentes principales de ingresos para el crimen organizado, junto con el tráfico de drogas y de armas.

martes, 28 de marzo de 2017

MÉXICO 2016/2017, Informe de Amnistía Internacional

MÉXICO 2016/2017

Diez años después del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” se seguía empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continuaba siendo generalizada. Seguían recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría de personas que huían de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Se llevaron a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, y siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo. La violencia contra las mujeres seguía suscitando honda preocupación, y se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán. El Congreso rechazó uno de los dos proyectos de ley presentados que permitirían a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños o niñas.

Información general

En las elecciones de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder, perdió varios gobernadores en diferentes estados. El prolongado conflicto social entre gobierno y sindicatos de docentes dio lugar a manifestaciones multitudinarias y bloqueos de carreteras en todo el país; los sindicatos pedían la derogación de la reforma educativa de 2013.
Tras un periodo preparatorio de ocho años, México culminó la transición de un sistema de justicia penal escrito inquisitorial a uno basado en juicios orales. A pesar de la aplicación de la reforma, persistían muchos de los problemas que aquejaban al sistema anterior, como el incumplimiento de la presunción de inocencia.
El plan de seguridad de 10 puntos, anunciado por el presidente Peña Nieto en noviembre de 2014, todavía no se había aplicado plenamente, y tampoco se había cumplido la promesa de promulgar leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas, así como contra las desapariciones a manos de agentes no estatales. El Congreso aprobó un paquete de leyes contra la corrupción. La nueva legislación recibió críticas generalizadas porque no cumplía las expectativas generadas por los anteproyectos de ley anteriores.
Los registros oficiales indicaban un incremento del número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país. En octubre, el secretario de Defensa admitió que la guerra contra el narcotráfico había pasado factura al ejército, que estaba exhausto, y pidió que se aclarara jurídicamente qué papel debía desempeñar éste en las tareas de seguridad pública. Los legisladores prometieron debatir reformas relativas a la participación del ejército en las operaciones de seguridad.

Policía y fuerzas de seguridad

La violencia aumentó notablemente; las autoridades registraron 36.056 homicidios hasta el final de noviembre —la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Peña Nieto en 2012— frente a los 33.017 de 2015.
En respuesta a las manifestaciones multitudinarias de los movimientos de docentes, la autoridades llevaron a cabo varias operaciones policiales, algunas de las cuales se saldaron con muertes y heridas de civiles. Varios líderes de los movimientos fueron arrestados y recluidos en prisiones federales. Posteriormente, muchos de ellos fueron puestos en libertad en espera de nuevas investigaciones.

Ejecuciones extrajudiciales

Los autores de ejecuciones extrajudiciales seguían gozando de impunidad; esos delitos no se investigaban adecuadamente. Las fuerzas armadas seguían participando en las investigaciones que implicaban a personal militar, en contra de lo dispuesto en la reforma de 2014 del Código de Justicia Militar. Por tercer año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares.
Se descubrieron decenas de fosas comunes en todo el país, a menudo a iniciativa de grupos de familiares más que de las autoridades o expertos forenses oficiales. Las autoridades locales se deshicieron ilegalmente de más de 100 cadáveres no identificados en al menos una fosa en el municipio de Tetelcingo, estado de Morelos. Los autores de los homicidios seguían sin ser identificados.
El 19 de junio, al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en Nochixtlán, estado de Oaxaca, durante una operación policial lanzada tras un bloqueo de carretera en el marco de una manifestación contra la reforma educativa del gobierno. Las imágenes emitidas por los medios de comunicación contradecían la afirmación inicial realizada por las autoridades de que los policías estaban desarmados.
En agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que varios miembros de la policía federal habían torturado al menos a dos personas en el municipio de Tanhuato, estado de Michoacán, en mayo de 2015, en el marco de una operación de seguridad; la Comisión concluyó, además, que 22 de las 43 personas muertas durante la operación habían sido víctimas de ejecución arbitraria y que la policía había alterado pruebas, por ejemplo mediante la colocación de armas en las víctimas.
La investigación sobre los homicidios de 22 personas a manos de soldados en Tlatlaya, estado de México, en 2014, todavía no había arrojado resultados concretos. Las autoridades no asumieron la responsabilidad por la orden de “abatir delincuentes” (en este contexto, con el sentido de “matar”) que guió las operaciones militares en la zona en 2014, ni investigaron a los oficiales con responsabilidad de mando.
No se tuvo constancia de ningún enjuiciamiento por los homicidios de 16 personas cometidos en 2015 por agentes de la policía federal y otras fuerzas de seguridad en Apatzingán, estado de Michoacán; las autoridades no investigaron adecuadamente los homicidios ni examinaron la responsabilidad de quienes estaban al mando.

Tortura y otros malos tratos

La impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta, con numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante las operaciones policiales y militares. La violencia sexual como forma de tortura era habitual durante las detenciones de mujeres.1 Por primera vez en dos años, en abril la Procuraduría General de la República anunció la presentación de cargos de tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un vídeo en el que se veía a policías y soldados torturando a una mujer. También en abril, en un caso excepcional, un juez federal impuso una condena de 52 años de prisión a un general del ejército por haber ordenado una operación en la que se infligió tortura, se cometió un homicidio y se eliminó un cadáver en el estado de Chihuahua en 2008.
En abril, el Senado aprobó una iniciativa de Ley General contra la Tortura que se ajustaba a las normas internacionales. El proyecto de ley se reformó, y al concluir el año seguía pendiente una votación general en la Cámara de Diputados.
La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la Procuraduría General de la República, informó de que se estaban revisando a nivel federal 4.715 expedientes de investigación de casos de tortura.
Como en años anteriores, en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura; había más de 3.000 peticiones pendientes de tramitación. En muchos casos, sin un dictamen médico oficial, las investigaciones sobre torturas y otros malos tratos no avanzaban.
En septiembre, en vista de que México no aplicaba sus recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres sometidas a violencia sexual como forma de tortura en San Salvador Atenco en 2006.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Se registró una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo; hasta octubre se habían presentado 6.898 solicitudes, el 93% de las cuales correspondían de personas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Se concedió la condición de refugiado a 2.162 personas, a pesar de que se estimaba que anualmente más de 400.000 migrantes en situación irregular cruzaban la frontera sur de México; según las organizaciones internacionales y los estudiosos del tema, la mitad de estas personas podía reunir los requisitos para obtener asilo. En la mayoría de los casos, las autoridades no informaban adecuadamente a las personas migrantes sobre su derecho a pedir asilo en México.
En agosto entró en vigor una reforma de la Constitución que reconocía el derecho de asilo.
La aplicación del Programa Integral Frontera Sur volvió a dar lugar a un aumento de las operaciones de seguridad en la frontera de México con Guatemala y Belice, y eran frecuentes los informes de extorsión, expulsiones masivas, secuestros y otros abusos contra los derechos humanos de las personas migrantes. Hasta noviembre, 174.526 personas migrantes en situación irregular habían sido capturadas y detenidas, y 136.420 habían sido devueltas a sus países. El 97% de las personas deportadas eran de Centroamérica. Según datos de febrero del Congreso de Estados Unidos, el gobierno estadounidense tenía planes de destinar 75 millones de dólares a “operaciones de seguridad y migración” en la frontera sur de México, a través de la Iniciativa Mérida.
La Procuraduría General de la República creó una nueva Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes. Varias organizaciones de la sociedad civil participaron en el diseño del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación para coordinar los esfuerzos de las autoridades mexicanas y centroamericanas, con el propósito de garantizar justicia para las personas migrantes víctimas de desapariciones perpetradas por agentes no estatales y de otros delitos en México.
En septiembre, el presidente Peña Nieto anunció un plan para personas refugiadas en una cumbre de la ONU y reconoció oficialmente la existencia de una crisis de refugiados en México y Centroamérica. El plan prometía aumentar en un 80% la financiación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, garantizar que no se detendría a migrantes menores de 11 años, y reforzar la inclusión e integración de la población refugiada en el país. En mayo, un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó al menos a 35.433 víctimas de desplazamiento interno en México, a pesar de que otras estimaciones dignas de crédito basadas en datos oficiales daban una cifra al menos cuatro veces más alta. En octubre, la Comisión publicó un informe que hacía hincapié en las precarias condiciones de vida en los centros de detención de migrantes, especialmente para los niños y niñas no acompañados.

Desapariciones forzadas

Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo práctica generalizada, y los responsables seguían gozando de una impunidad casi absoluta. Las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y sufriendo demoras indebidas. En general, las autoridades no iniciaban inmediatamente la búsqueda de las víctimas.
Al concluir el año, según el gobierno, 29.917 personas (22.414 hombres y 7.503 mujeres) se hallaban en paradero desconocido. Las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no incluían casos federales anteriores a 2014 ni casos clasificados como otros delitos, tales como secuestro o trata de seres humanos.
Las desapariciones forzadas y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales generaban un gran dolor en las familias de las víctimas, lo que constituía una forma de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los datos disponibles señalaban que la mayoría de las víctimas eran hombres; las mujeres conformaban la mayoría de los familiares en busca de verdad, justicia y reparación. Algunas familias de personas desaparecidas que buscaban a sus seres queridos recibían amenazas de muerte.
El Senado celebró audiencias públicas con familiares de personas desaparecidas para hablar del proyecto de Ley General sobre Desapariciones Forzadas, presentado en diciembre de 2015 ante el Congreso por el Presidente Peña Nieto. El proyecto de ley seguía pendiente ante el Congreso.
En marzo se presentaron cargos penales contra cinco marinos por la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villareal, hallado muerto semanas después de haber sido detenido arbitrariamente en el estado de Nuevo León en 2013.
En abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó su segundo informe sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que fueron víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014. El GIEI confirmó que la afirmación de las autoridades de que los estudiantes habían sido asesinados y quemados en un vertedero local era científicamente imposible. El GIEI también reveló que, en octubre de 2014, varios funcionarios habían visitado de manera irregular otro lugar que posteriormente se relacionó con el crimen, y habían manejado pruebas importantes sin contar con la documentación ni los permisos adecuados. Un hombre, detenido en relación con el caso, había sido obligado por las autoridades a participar en esa visita sin la presencia de su abogado ni la supervisión de un juez. La visita tuvo lugar un día antes de que el gobierno descubriera un trocito de hueso en el mismo lugar. Posteriormente, ese hueso se logró identificar como perteneciente a Alexander Mora Venancio. El funcionario al mando de la investigación dimitió de su cargo en la Procuraduría General de la República, aunque se estaba llevando a cabo una investigación sobre sus acciones. El presidente Peña Nieto le asignó inmediatamente otro alto cargo federal En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su plan de trabajo para establecer un mecanismo de seguimiento del caso de Ayotzinapa, tras las recomendaciones formuladas por el GIEI y tras las medidas cautelares que la propia comisión había dictado en 2014, en las que ordenaba a México determinar el estado y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

Continuaron las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Al menos 11 periodistas fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (mecanismo federal) no brindaba protección adecuada a estas personas. En febrero, varias organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron una campaña de difamación —que las autoridades parecían tolerar— contra el GIEI y contra ONG locales que trabajaban sobre el caso de Ayotzinapa. La cifra de peticiones de protección en virtud del Mecanismo se mantuvo constante en relación con el año anterior.
En julio, Humberto Moreira Valdés, ex gobernador del estado de Coahuila y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una demanda civil contra el destacado periodista Sergio Aguayo en la que pedía una indemnización de 550.000 dólares estadounidenses por los presuntos daños morales que el periodista había ocasionado a su reputación a través de un artículo de opinión. Lo excesivo de la cantidad solicitada podía constituir una forma de castigo e intimidación que podría, potencialmente, afectar al derecho a la libertad de expresión en el debate público.
En agosto, el preso de conciencia y defensor comunitario del medio ambiente Ildefonso Zamora fue puesto en libertad tras nueve meses de encarcelamiento por cargos falsos.

Libertad de reunión

La Suprema Corte de Justicia seguía analizando la impugnación de la Ley de Movilidad de Ciudad de México de 2014. En agosto, resolvió que la Ley no debía ser interpretada de manera que impusiera un régimen de autorización previa para la celebración de manifestaciones, sino sólo como una regla que permitiera a las personas notificar previamente a las autoridades cualquier manifestación prevista. La Corte consideró que la falta de disposiciones sobre manifestaciones espontáneas en ningún caso significaba que éstas estuvieran prohibidas. Finalmente, votó a favor de una norma que prohibía las manifestaciones en las avenidas principales de la ciudad.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En mayo, el presidente Peña Nieto presentó ante el Congreso dos anteproyectos de ley para reformar la Constitución y el Código Civil Federal. El Congreso rechazó en noviembre una propuesta de reforma constitucional para garantizar de manera expresa el derecho a contraer matrimonio sin discriminación.
La segunda reforma del Código Civil propuesta prohibiría la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género a la hora de permitir a las parejas contraer matrimonio y, a las personas, adoptar; dicha reforma también incluía el derecho de las personas transgénero a que México les reconociera su identidad de género. El proyecto de ley seguía pendiente de debate en el Congreso.
En septiembre, pasó a ser vinculante para todos los jueces y juezas del país la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que confirmaba los derechos de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar sin sufrir discriminación por su orientación sexual o su identidad de género.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo endémica. En abril, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país para exigir el fin de la violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual. El mecanismo de “Alerta de Género” se activó en los estados de Jalisco y Michoacán, tras su activación en los estados de Morelos y México el año anterior. La falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituía un importante obstáculo para abordar el problema.

Derechos de los pueblos indígenas

A consecuencia de una información de última hora de la Secretaría de Economía relativa a la cancelación de dos concesiones mineras a empresas en la comunidad de San Miguel Progreso, en el estado de Guerrero, la Suprema Corte rechazó considerar los efectos que la Ley Minera de 1991 tenía sobre los derechos de los pueblos indígenas. Seguía estando en gran medida ausente del debate legislativo un marco legal sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, a pesar de que se había debatido un proyecto de ley en foros públicos y de que en octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había formulado una recomendación al Congreso para que legislara sobre esta materia. En septiembre, el municipio indígena de Guevea de Humboldt, estado de Oaxaca, permitió por primera vez a las mujeres de la comunidad ejercer el derecho al voto en las elecciones locales.
  1. Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México (AMR/41/4237/2016)

viernes, 13 de enero de 2017

GRACIAS POR SU VALIOSO APOYO.

Mil Gracias Amigas, Amigos, Familia, Companer@s...

por compartir y su gran interés en ayudar a quien en verdad lo necesita...
toda esa Generosidad y humildad tarde o temprano nos deja grandes satisfacciones, que en la vida se valoran más que el dinero. Ya rebasamos el millón de visitas, Likes,Y comentarios en la página de la Fundación, donde publicamos y nos contactamos con todos para brindar la ayuda necesaria...

sábado, 23 de julio de 2016

las enseñanzas de los padres...



Los padres son y serán el ejemplo a seguir de todos los hijos
 y su camino siempre estará sembrado por las enseñanzas
 que a cada instante de ellos reciben...



CALF.

jueves, 21 de julio de 2016

Cuatro víctimas de trata y secuestro rescatadas en Hermosillo


Cuatro víctimas de trata y secuestro rescatadas en Hermosillo 
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La Procuraduría General de Justicia de Sonora rescató a cuatro jovencitas, de entre 15 y 16 años de edad, quienes eran víctimas de trata y secuestro en un establecimiento comercial del centro de esta ciudad. En conferencia de prensa el procurador estatal, Rodolfo Montes de Oca Mena, mencionó que este operativo deriva de una investigación iniciada hace un mes por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del estado, tras una denuncia. Indicó que se logró el arresto de un imputado en estos hechos, quien se ostenta como comerciante y a quien en una audiencia se le dictó auto de vinculación a proceso. Destacó que la indagatoria llevó a la realización de un cateo en el establecimiento que aparentaba otro giro, donde fueron localizadas habitaciones en condiciones deficientes de higiene. Indicó que la carpeta de investigación se encuentra abierta para revisar la posible existencia de otros señalados, quienes privaron de la libertad y abusaron de las menores de edad desde 2014 y también quienes contrataron servicios sexuales. A las menores afectadas se les proporciona atención médica y psicológica, además de que se localizó a los padres y se inició el procedimiento de revinculación de la familia, puntualizó.
Resultado de imagen para 4 victimas de Trata de personas en Hermosillo...


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